Se profundiza la crisis en Venezuela

Venezuela

Montreal, marzo 31 de 2017.- Venezuela vuelve a vivir horas críticas, después de que el gobierno de Nicolás Maduro consumó la virtual toma de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, luego de casi 15 meses de asedio constante.

El virtual autogolpe llegó ayer de la mano de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), brazo judicial del chavismo, que de facto se hizo cargo de todas las funciones y competencias del Parlamento. La medida, que conmocionó a la región, llegó apenas dos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó una fuerte advertencia a Caracas.

“Maduro dio un golpe de Estado con todas las letras. Es dictadura. Que se prendan las alarmas en todo el mundo”, denunció, a las puertas del Palacio Legislativo, el presidente de la AN, Julio Borges. En un acto simbólico, el dirigente opositor rompió una copia de la sentencia número 156 del TSJ.

La Argentina y varios países de la región condenaron enérgicamente la medida. “Autogolpe”, “ruptura constitucional” y “revés para la democracia” fueron varias de las expresiones internacionales.

El titular de la OEA, Luis Almagro, definió la situación como un “autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.

La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización. En un continente donde la democracia ha avanzado espectacularmente desde que dejara finalmente atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de libertades felizmente mayoritario en la región.

La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según establece la Constitución venezolana —diseñada e impulsada, por cierto, por el propio Hugo Chávez— y fue democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015. Como presidente del país, Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados, que dieron una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucionalmente con la Cámara por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó este viernes la convocatoria de una sesión urgente del consejo permanente de la institución para “analizar la situación en Venezuela”, luego de la decisión del Tribunal Supremo del vecino país de asumir las competencias del poder legislativo.

Almagro, en una carta conocida este viernes, argumenta su solicitud teniendo en cuenta “los informes que se remitieran a dicho Consejo Permanente con fechas 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017, así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”.

El secretario de la OEA ampara su recurso en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, según el cual “…el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

Por su parte, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció este viernes sorpresivamente una “ruptura del orden constitucional” en su país, tras fallos del máximo tribunal, que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución(…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, señaló Ortega, muy cercana al chavismo, durante un acto público.

Se trata de la primera funcionaria venezolana de alto nivel que critica las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), difundidas en la noche del miércoles.

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