Expectativa por cambios propuestos a la ley de refugio en Canadá

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Los cambios propuestos esperan agilizar el proceso de determinación de la Condición de Refugiado

Por Arthur Weinreb

El 30 de marzo de 2010, el gobierno introdujo el proyecto de Ley C-11 que divide los solicitantes de refugio en dos corrientes. El objetivo es acelerar tanto las determinaciones como las deportaciones.

Durante años, muchos canadienses incluidos los políticos han dicho que el sistema de refugio de Canadá no es funcional. Dado que los procedimientos actuales datan de 1989, el proyecto de Ley C-11 constituye la primera revisión importante del proceso de determinación de refugio de Canadá. El propósito del proyecto de ley es reducir enormemente el tiempo que se tarda en decidir si un solicitante es un refugiado genuino y acelerar la salida de los reclamantes fallidos.

El Ministro de Ciudadanía e Inmigración, Jason Kenney dijo a la junta editorial del National Post que la legislación propuesta es un intento por detener “el juego con el sistema” por el cual la gente viene a Canadá y hace falsas reclamaciones de refugio a sabiendas de que no pueden permanecer por demasiado tiempo y que existe una gran probabilidad de que sean removidos.

El sistema actual de determinación de refugio en Canadá.

Cuando un ciudadano extranjero, ya sea en un puerto de entrada o dentro de Canadá declara a un funcionario de inmigración que quiere hacer una petición de refugio, recibe un formulario para llenar. El reclamante tiene entonces 28 días para completar el formulario y presentarlo ante el “Immigration and Refugee Board (IRB)”. Después de haber recibido el formulario, una fecha para una audiencia es programada para ser atendida por un miembro de la División de Protección a los Refugiados de la IRB. Según la legislación vigente, los miembros de la División de Protección a los Refugiados son designados por un período fijado por el gobierno de turno.

Después de que el asunto sea escuchado y una decisión es proferida, el solicitante seleccionado, junto con su cónyuge y dependientes puede solicitar la residencia permanente en Canadá. Los que no tienen éxito no tienen el derecho de apelar esa decisión, pero que pueden solicitar autorización para solicitar la revisión judicial de esa decisión ante la Corte Federal de Canadá. Reclamantes de refugio que no han tenido éxito en la reclamación y aplican para una revisión no tienen automáticamente el derecho de permanecer en Canadá, sin embargo una solicitud puede ser hecha a un juez de la Corte Federal para suspender la orden de expulsión, durante el tiempo en que la corte decida al respecto.

En la actualidad, el tiempo medio entre la solicitud inicial de una persona para ser un refugiado de la Convención y el tiempo en que se toma una determinación es de 19 meses. El tiempo que ahora se necesita para remover un solicitante de asilo de Canadá es cercano a los cinco años después de que su reclamo inicial se hizo.

La División de Protección a los Refugiados tiene actualmente una espera de 60.000 casos que están programados para ser escuchados. Parte del retraso se debe la reticencia del gobierno conservador actual para cubrir las vacantes existentes en el IRB.

En la actualidad hay cerca de 15.000 reclamantes fallidos a la espera de ser expulsados de Canadá. También se estima que hay 38.000 solicitantes de refugio cuyo paradero se desconoce. No se sabe si han dejado Canadá o si permanecen en la clandestinidad.

La Ley de Reforma del Refugio

El Proyecto de ley C-11 o la Ley de Reforma balanceada de los Refugiados requerirá que los solicitantes de refugio sean entrevistados por un oficial de inmigración dentro de los ocho días siguientes a la fecha del reclamo. Esto reemplaza el requisito de rellenar un formulario y presentarlo dentro de 28 días. Si el oficial encuentra que el solicitante es elegible para hacer una solicitud de refugio, se fija la fecha para una audiencia ante la División de Protección a los Refugiados dentro de los 60 días siguientes. La legislación propuesta sustituirá a los miembros designados por el gobierno a plazo fijo, con servidores públicos de carrera.

El aspecto más controvertido del proyecto C-11 es que los solicitantes de refugio serán divididos en dos corrientes distintas. El gobierno podrá designar a determinados países como “seguros”. Estos países seguros serán aquellos que sean democráticos, se considere que tienen un buen historial de derechos humanos, y estén caracterizados por ser países productores de no-refugiados. Ejemplos de países que el gobierno designe serían los Estados Unidos y los países de la Unión Europea.

Los reclamantes que provienen de países seguros no podrán apelar las decisiones negativas de la División de Protección a los Refugiados. Otros reclamantes podrán, por primera vez, hacer un llamamiento a la recién creada División de Apelación de los Refugiados. El recurso se basará en el registro de la División de Protección a los Refugiados y la única prueba que se permitirá será nueva evidencia de eventos que sucedieron después de la audiencia inicial.

Los reclamantes fallidos seguirán teniendo la posibilidad de solicitar la revisión judicial en la Corte Federal. Para tal fin, el proyecto aumentará el número de jueces que se sientan en la Corte Federal de Canadá.

La crítica de la legislación propuesta.

Aunque muchos aplauden el intento del gobierno para agilizar el sistema, expulsar a los reclamantes fallidos más rápido, así como para otorgar más rápido asentamiento a los verdaderos refugiados, existe una crítica hacia algunas disposiciones del proyecto de ley. La principal crítica es la capacidad de Canadá para designar países como seguros. Muchos defensores de los refugiados y abogados sienten que cada caso debe ser determinado únicamente por sus propios méritos, por igual y no según el país de origen. Las dos corrientes pueden resultar en audiencias injustas para los que tienen reclamos de países que no se presume, producen verdaderos refugiados.

Otra queja es que los plazos correspondientes; ocho días para ser entrevistado y otros 60 días para la audiencia, no otorgan al reclamante el tiempo suficiente para obtener un abogado competente para ayudarles y para prepararse adecuadamente para la audiencia.

Se estima que de aprobarse, la normativa costará a los contribuyentes 540 millones dólares en cinco años.

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